Entidades interesadas deben solicitar al programa de protección al propietario de vivienda del Fiscal General
Hauppauge – Durante un evento en Long Island Housing Partnership, el Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el lanzamiento del Programa de Protección de Propietarios de Vivienda, un compromiso de su oficina de disponer de US$60 millones en tres años para financiar la asesoría de vivienda y servicios legales para los propietarios de Nueva York que se encuentra en dificultades. A partir de hoy, los proveedores de servicios interesados en participar el en programa del Fiscal General para ayudar a los propietarios de viviendas, pueden iniciar el proceso de solicitud. El Fiscal General estuvo acompañado por el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU, Shaun Donovan, propietarios y representantes de organismos que serán aliados en el esfuerzo.
"El aumento de las ejecuciones hipotecarias en Nueva York es preocupante, pero esto no es sólo una cuestión de números: cada ejecución de una hipoteca representa una pérdida devastadora para una familia y una comunidad. Este programa pone a los propietarios de viviendas en primer lugar, para que nuestros vecindarios vuelvan a levantarse", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La financiación de asesoramiento de vivienda y los servicios legales es un primer paso esencial para ayudar a más familias a permanecer en sus hogares y evitar la ejecución hipotecaria. A medida que seguimos investigando la crisis hipotecaria que ha afectado a las comunidades en todos los rincones de este estado, debemos asegurarnos de que los propietarios de viviendas obtengan la orientación de expertos y la representación legal que necesitan para proteger sus derechos antes de que sea demasiado tarde".
Los fondos que se concederán en base al proceso de solicitudes representan son una porción de los más de $130 millones que Nueva York recibió como resultado del acuerdo nacional hipotecario, que fue anunciado en febrero, entre los cinco mayores bancos de hipotecas, 49 estados y el gobierno federal, por los abusos de ejecución hipotecaria.
